El sábado 28 de febrero de 2026, a las 2:47 hora de Madrid, las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta contra instalaciones militares, de inteligencia y nucleares del régimen iraní. Los ataques duraron once horas y alcanzaron objetivos en Teherán, Isfahan, Arak y la base de misiles de Fordow. Era la primera acción militar directa de Estados Unidos contra Irán desde el asesinato de Qasem Soleimani en 2020, y la primera en la que Israel y Washington actuaban de forma coordinada y abierta.
Teherán respondió en menos de 48 horas. El domingo por la noche y el lunes por la mañana, Irán lanzó oleadas de misiles balísticos y drones contra objetivos militares en nueve países de la región: bases estadounidenses en Qatar, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudí, instalaciones israelíes en el norte del país y, por primera vez, contra suelo de la Unión Europea. Un dron kamikaze impactó en un hangar de la Real Fuerza Aérea británica en la base de Akrotiri, en Chipre, causando daños materiales y un herido leve. Era el primer ataque armado contra territorio europeo desde los Balcanes. De forma simultánea al inicio de los bombardeos, el Gobierno iraní anunció el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico comercial no autorizado. Cientos de buques cisternas quedaron varados en el Golfo Pérsico. El precio del crudo subió un 18% en dos sesiones.
Cuatro días después, el miércoles 4 de marzo, Pedro Sánchez compareció ante los medios desde La Moncloa sin admitir preguntas. Traje oscuro, tono grave, ningún ministro a su lado. Una declaración institucional de ocho minutos que resumió la posición del Gobierno en cuatro palabras: «No a la guerra». El presidente describió el estrecho cerrado —por el que, afirmó, transitaba «el 20% del total del gas y petróleo mundial»— como la arteria energética del planeta cuya interrupción no era un accidente sino una elección. «La disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Ormuz tiene consecuencias directas sobre la vida de millones de ciudadanos europeos y españoles», dijo. Y fijó el marco desde el que hablaría todo lo que vino después: «No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas». Luego añadió la frase que vertebraría el debate de la semana: «No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad».
La memoria como argumento. En el centro de la declaración no estaba Irán sino Irak, y no estaba 2026 sino 2003. Sánchez invocó la guerra de Irak como el espejo en el que no quería que España se volviera a mirar. «Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio»: esa fue su forma de señalar, sin nombrarle directamente, a José María Aznar y al trío de las Azores. El presidente recordó que aquella intervención prometió eliminar armas de destrucción masiva y llevar la democracia a la región. El resultado, a su juicio, fue «la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido Europa desde la caída del Muro de Berlín», con «un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y el coste de la vida». «Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces», dijo. «Estamos más orgullosos que nunca de ser españoles».
La referencia a las Azores no fue accidental ni nostálgica. En 2026, el único superviviente político del trío —Aznar dejó la presidencia en 2004, Blair en 2007— es el PP al que Feijóo lidera. El recordatorio era una acusación en diferido: la misma familia política que apoyó la guerra de Irak ahora criticaba el «no» a esta. Sánchez no lo formuló así de explícitamente. No necesitó hacerlo.
Lo que los mercados dijeron mientras el presidente hablaba. El Brent tocó en abril los 126,10 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, impulsado por el cierre de la única ruta que une el Golfo Pérsico con el océano Índico. España es un país estructuralmente vulnerable a estas crisis: importa el 99% del crudo que consume, y en torno al 14% de ese crudo procede de exportadores cuya ruta principal pasa por Ormuz. La gasolina 95 cerró marzo en 1,68 euros por litro y los analistas proyectaban una subida hacia los 1,85 euros en primavera si el bloqueo se prolongaba. La inflación, que España había conseguido mantener por debajo de la media europea en 2025, volvía a amenazar. En esa misma declaración del 4 de marzo, Sánchez afirmó que España contaba con reservas estratégicas de gas y petróleo «para más de noventa días»; según los registros de CORES publicados esa semana, el stock disponible cubría 61 días de consumo.
El Gobierno respondió con velocidad. El 20 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra —bonificaciones al carburante, rebajas temporales de IVA energético, ayudas directas a sectores dependientes del transporte y un fondo de contingencia para pymes—. Sánchez lo presentó como prueba de que el «no» no era retórica: «Tenemos los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis y la voluntad política de usarlos».
El «no a la guerra» tuvo, además del coste económico, un precio diplomático que Sánchez no mencionó desde el atril. El 19 de marzo, un grupo de aliados europeos —Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, junto a Japón, Canadá y Australia— firmó una declaración conjunta condenando explícitamente los ataques iraníes a buques cisternas en el Golfo. España no la firmó. Cuando el primer ministro británico Keir Starmer convocó en Londres una cumbre para coordinar la reapertura del estrecho, España quedó fuera de los más de 30 países convocados. El Gobierno alegó que coincidía con una reunión del Consejo Europeo en Bruselas; varios medios verificaron que ambas citas eran compatibles en agenda. El malestar entre los socios europeos fue real, aunque discreto en público.
El reverso de ese aislamiento fue, a su manera, una compensación. Irán anunció que los buques con bandera española o vinculación mercantil española podían transitar el estrecho sin autorización previa: Madrid no era un «país hostil». Una excepción que convirtió a España en uno de los pocos países europeos cuyos barcos podían navegar por Ormuz mientras el resto esperaban. La imagen era incómoda: España no en la cumbre de las democracias, pero sí en la lista de países que Teherán toleraba. En Madrid se recibió con discreción. En Bruselas generó preguntas que nadie respondió en voz alta.
El análisis IRA sitúa la declaración del 4 de marzo en 5,4 sobre 10: indignación moral con salida constructiva. El pronombre inclusivo —«los europeos», «los españoles», «vamos a trabajar con nuestros aliados en la región»— vertebra el discurso de principio a fin. Los imperativos son de cooperación, no de confrontación interna. El marco es el de un país que actúa por principios y no por miedo, que recuerda la historia precisamente porque quiere no repetirla. Pero el discurso no está libre de tensión: la referencia a quienes «llenan los bolsillos con los misiles», a «los de siempre» que se benefician de las guerras, introduce una dicotomía que la construcción retórica no acaba de resolver. El lenguaje dice unidad; el subtexto dice que hay culpables identificados. Esa fisura entre el marco apelado y el ejecutado es donde la nota pierde las décimas que la separan de un 7.
Las afirmaciones factuales del discurso, contrastadas con verificadores independientes. Foro enlaza cada etiqueta a su fuente.
Según la Agencia Internacional de la Energía, por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 25% del comercio marítimo mundial de petróleo crudo y gas natural licuado. La cifra del 20% puede referirse al porcentaje del suministro mundial total de hidrocarburos —incluyendo rutas terrestres y otras alternativas—, pero resulta imprecisa para describir el peso real de Ormuz en el comercio energético global.